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¿Cuándo nació la producción ecológica del Vino en España?

Ya han pasado 17 años desde que se promulgara en España la Ley 25/70 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes experimentado un importante auge desde entonces la producción ecológica del Vino.

Cultura del Vino | 2015-10-22 13:49:36


La producción ecológica se reguló por primera vez en España mediante el Real Decreto 759/1988 que  incluía  la  agricultura  ecológica  en  el  régimen  de Denominación Genérica establecida en la Ley 25/70 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, ligando sus productos a una denominación de calidad, siendo el tercer país europeo en regular este tipo de producción, tras Francia y Dinamarca

Posteriormente, por Orden de 4 de octubre de 1989, se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que se aplicó hasta la entrada   en   vigor   del Reglamento   (CEE)   2092/91   sobre   la   producción ecológica  y  su  indicación  en  los  productos  agrarios  y  alimenticios, en vigor hasta el 1 de enero de 2009, siendo inicialmente el Consejo Regulador de la  Agricultura  Ecológica  el  encargado  de  controlar  en  esa  etapa  la  producción ecológica en todo el territorio nacional.

Conceptualmente   la   producción   ecológica,   representa   un   compendio   de técnicas  agrarias  que  excluye,  con  carácter  general,  el  uso  en  la  agricultura  y ganadería,  de  productos  químicos  de  síntesis,  con  el  objetivo  de  preservar  el medio ambiente,  mantener  o  aumentar  la  fertilidad  del  suelo  y  proporcionar  alimentos de calidad.

La  producción  ecológica  en  España  ha  experimentado  un  importante  auge desde  sus  tímidos  inicios  en  la  década  de  los  80  situándose  en  estos  momentos  como  el  primer  estado  miembro  de  la  Unión  Europea  en  superficie  dedicada a este sector y situándose también dentro de los primeros puestos a nivel mundial.

Es previsible que esta tendencia se mantenga en el futuro debido a las idóneas condiciones  naturales  de  nuestro  país,  su  aptitud  para  satisfacer  demandas sociales  actuales  en  auge,  y  su  capacidad    de  servir  como  instrumento  a variadas  políticas  medioambientales  y  de  desarrollo  económico  y  social,  sin olvidar el impacto de las medidas públicas de apoyo que se llevan a cabo.

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