LLAMANOS 34 91 535 89 90

El Mejor Vino, el último o «de las Bodas de Cana de Galilea»

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de mayo de 2000 obligó a embotellar el vino de Rioja en la zona de producción. Autor: Blanca Vila Costa

Legislación del Vino | 2014-12-03 17:54:39


La esperada y primaveral sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 16 de mayo de 2000 cerró uno de los más notorios capítulos de enfrentamiento -eso sí, alrededor de una mesa- jurídico, económico y, sobre todo, cultural entre los intereses de dos bloques de Estados miembros: de un lado, los intereses de los Estados productores de vino -no todos, como se observa, por razones de disparidad interna de criterios entre distintas zonas vitícolas, cual es el caso de Francia; o por simple «abstención política», teniendo muy clara cuál es su posición en sus legislaciones internas cual es el caso de Austria o Luxemburgo, y en menor medida de Alemania-, y los Estados netamente importadores de vino, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, coadyuvantes aquí con el Reino de Bélgica. En efecto: ante la sentencia que aquí comentamos se ponían a prueba dos realidades igualmente tangibles y dos lecturas bien distintas de lo que hoy denominamos mercado interior. Y se ponían a prueba precisamente en torno a un debate rico y elocuente sobre un producto cotidiano por antonomasia, bíblico, cual es el vino. La primera realidad la constituye la lucha de los países productores por la calidad de sus vinos, manteniendo e incrementando su reputación: ¿cuál es su alcance y cuáles son los límites admisibles en tal lucha? La segunda realidad la constituye la existencia de unos flujos continuados de exportación a granel de vinos de calidad, y la lucha desde los países importadores por el mantenimiento de unos «usos leales» que han supuesto el valor añadido del embotellamiento en destino, en las potentes instalaciones de esos países, con la consiguiente reducción de costes y unos bajos precios para el consumidor europeo presente en tales destinos. ¿Cómo conciliar ambas realidades?

El marco jurídico de referencia es particularmente complicado. Para abordarlo debemos recordar, en primer lugar, que la normativa comunitaria no ofrece en absoluto un marco de protección común para los vinos con denominación de origen, ni regula los requisitos, el contenido o el alcance de una denominación de origen: todo el orden de cuestiones relativas a la protección de tales vinos sigue, incontestablemente, en manos de los Estados miembros. El vino sí es objeto de una OCM de regulación particularmente compleja y sofisticada desde el plano comunitario, pero en los aspectos aquí relevantes (vinos de calidad, transporte a granel, controles comunitarios) la legislación aplicable va a ser limitada. Así, el objeto de la regulación comunitaria va a ser, fundamentalmente, la producción y el control de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (V.c.p.r.d.) mediante su Reglamento 823/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, cuyos tercer y cuarto considerandos rezan así:

«Considerando que para mantener un mínimo de calidad en los V.c.p.r.d., para evitar que la producción de estos vinos se extienda de forma incontrolable... conviene establecer un sistema de normas comunitarias que rijan la producción y el control de esos vinos que deberá ser completado con las disposiciones específicas adoptadas por los Estados miembros (...) Considerando que el desarrollo de una política de calidad en el sector agrícola y, especialmente, en el sector vinícola no puede sino contribuir a la mejora de las condiciones de mercado...».

Por otro lado, los arts. 1.º, segundo párrafo, y 15 establecen que sólo los vinos que estén incluidos en su ámbito de aplicación... y que respondan a las disposiciones definidas por las regulaciones nacionales pueden utilizar las siglas V.c.p.r.d. o las menciones específicas tradicionalmente empleadas en los Estados miembros: en España, las menciones «Denominación de Origen» y «Denominación de Origen Calificada» . Como vemos, el objeto de la regulación del Reglamento 823/86 consistirá en identificar todo un conjunto de elementos técnicos característicos de la producción de los vinos de calidad: la delimitación de la zona de producción, los métodos y técnicas de producción y los exámenes dirigidos a determinar las características de estos vinos. Los métodos de producción van a ser definidos y precisados para cada caso, más allá, por los Estados miembros, que como se ha dicho siguen disponiendo de sus competencias en cuanto a la determinación, el contenido y la oportunidad de sus menciones: el art. 8.1 del Reglamento 823/87 precisa que «los métodos especiales de vinificación y elaboración con arreglo a los cuales se obtienen los V.c.p.r.d. serán definidos, para cada uno de estos vinos, por cada uno de los Estados miembros productores interesados», en aplicación de lo previsto en el duodécimo considerando: «en lo que respecta al desarrollo de las características cualitativas específicas de cada V.c.p.r.d., conviene conceder a los Estados miembros una cierta libertad para definir métodos de vinificación y elaboración de cada uno de estos vinos de acuerdo con las prácticas enológicas admitidas en la Comunidad». Y concretamente, el art. 18, párrafo primero del Reglamento 823/87 recuerda que los Estados podrán definir, «teniendo en cuenta los usos leales y constantes: (...) todas las características o condiciones de producción, de elaboración y de circulación complementarias o más estrictas, para los V.c.p.r.d. elaborados en su territorio» (5) .

El objeto general de regulación del Reglamento 823/87 es pues el de fijar las condiciones técnicas comunes básicas (delimitación de la zona, variedad de la vid, prácticas de viticultura, autenticidad de la uva, grado alcohólico volumétrico, edulcoración, rendimiento máximo por hectárea, etc.) para garantizar, en un mercado integrado, la calidad de los vinos protegidos a escala nacional. Ahora bien, también dispone en su art. 15 bis, lo que aquí es importante, un procedimiento de descalificación de un V.c.p.r.d. cuando el vino haya sufrido, durante el almacenamiento o el transporte, una alteración que haya atenuado o modificado sus características, cuando haya sido sometido a manipulaciones no admitidas o cuando u designación como V.c.p.r.d. no sea lícita. Y en fin, otras normas aquí pertinentes son el Reglamento (CEE) 2048/89 del Consejo, de 19 de junio de 1989, por el que se establecen las normas generales relativas a los controles en el sector vitivinícola; el Reglamento (CEE) 2238/93 de la Comisión, de 26 de julio de 1993, relativo a los documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas y a los registros que deben llevarse en el sector, y los dos Reglamentos, del Consejo (CEE) 2392/89, de 24 de julio de 1989, y de la Comisión (CEE)3201/90, de 16 de octubre de 1990, sobre normas generales y modalidades de aplicación, respectivamente, para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva.

Por su parte, la Ley española 25/1970, de 2 de diciembre, por la que se establece el Estatuto del Vino, la Viña y los Alcoholes, prevé el reconocimiento de una denominación de origen a determinados vinos y la creación, para cada vino, de un Consejo Regulador cuyas funciones consisten en:

a) elaborar un proyecto de Reglamento relativo al uso de cada denominación, posteriormente adoptado mediante Orden Ministerial del Ministerio de Agricultura;
b) orientar, vigilar y controlar la producción, elaboración y calidad de los vinos amparados por su denominación de origen;
c) promover el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y los mercados extranjeros;
d) perseguir cualquier empleo indebido de la denominación;
e) asegurar la recaudación de las multas y la ejecución de las sanciones impuestas en virtud de la citada Ley.

El Reglamento del vino de Rioja fue aprobado mediante Orden Ministerial de 2 de junio de 1976.

En 1988, un Real Decreto, de 22 de febrero, 157/1988, fijó los requisitos para la concesión de las denominaciones de origen «calificadas». El art. 19, párrafo primero del Real Decreto establecía, en particular, que para obtener su concesión, era necesario:
a) que el vino se comercialice exclusivamente tras ser embotellado en las bodegas de origen;
b) que el Consejo Regulador haya llevado a cabo, desde el momento de la producción hasta el de la comercialización, controles de la cantidad y calidad del producto, y
c) que en los envases figuren, desde las bodegas de origen, contraetiquetas numeradas.

Sus disposiciones transitorias establecen que el requisito recogido en el apartado a) se exigirá a los vinos exportados desde el territorio español una vez cumplido un período de cinco años contados a partir de la publicación del Real Decreto: a partir de 24 de febrero de 1993. Realizando su cometido, el Consejo Regulador del vino de Rioja emitió un Oficio Circular, 17/1988, señalando que tal vino había aumentado progresivamente su cuota de comercialización de vino embotellado y disminuido la cuota de vino a granel. Respecto al vino exportado, la exportación a granel constituía un 5% del comercio anual total, y decidió eliminar dicho porcentaje, prohibiendo las exportaciones a granel «no solamente desde el punto de vista de la imagen y prestigio de este vino» sino para permitir su acceso a la denominación de origen calificada, que le fue otorgada por Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, que lleva en Anexo el nuevo Reglamento «Rioja», relativo a la DOC Rioja y a su Consejo Regulador, que no modifica en el punto controvertido -obligación de embotellado en origen- el régimen previo.

Atendiendo a los precedentes del presente asunto, se recordará que en 9 de junio de 1992 el Tribunal de Justicia falló su sentencia en el asunto C-47/90, sentencia Delhaize, pronunciada en reenvío prejudicial, ofreciendo una interpretación del antiguo art. 34 del Tratado CE frente al sistema establecido por el Real Decreto 1570/1988, en especial el art. 19.1 b) del mismo, que establecía las condiciones de utilización de la DOC Rioja, y entre ellas la obligación de embotellar el vino «Rioja» en la zona de producción. La sentencia Delhaize establecía que una normativa nacional que, por una parte, limita la cantidad de vino que puede exportarse a granel a otros Estados miembros y que, por otra, no somete a restricción cuantitativa alguna las ventas de vino a granel entre las empresas situadas en el interior de la zona de producción tiene como efecto restringir específicamente las corrientes de exportación de vino a granel y, en especial, proporcionar, de esta forma una ventaja particular para las empresas de embotellado situadas en la zona de producción (puntos 12 a 14 de la sentencia).

Ante la alegación del Gobierno español según la cual hacer de la obligación de embotellar el vino en la zona de producción un requisito para atribuir a dicho vino una denominación de origen calificada formaba parte de la protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del art. 36 del Tratado CE, el Tribunal le respondió que tales requisitos a los que sujeta la utilización de una DOC, cuando constituyen medidas prohibidas por el art. 34 del Tratado, sólo quedarán justificados por razones de protección de la propiedad industrial y comercial si son necesarias para garantizar que la denominación de origen cumpla su función específica (punto 16 de la sentencia). La función específica de la denominación de origen es garantizar que el producto por ella amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares; por consiguiente, una obligación como la controvertida (es decir: el embotellado obligatorio en la región de producción) sólo estaría justificada por razones encaminadas a garantizar que la denominación de origen cumpliera su función específica si el embotellado en la zona de producción imprimiera al vino procedente de esta zona unos caracteres particulares que pudieran individualizarlo, o si el embotellado en la zona de producción fuera indispensable para la conservación de los caracteres específicos que este vino hubiere adquirido (puntos 17 y 18). En el caso concreto, no se había demostrado que el embotellado del vino objeto de examen en la zona de producción fuera una operación que confiriera a dicho vino unos caracteres particulares o fuera una operación indispensable para el mantenimiento de los caracteres específicos que tal vino hubiera adquirido (punto 19 de la sentencia Delhaize).

Como vemos, esta jurisprudencia, acorde con las posiciones mantenidas durante el procedimiento por los países importadores y sus potentes redes comerciales de importación, embotellado en destino y distribución minorista, así como -dato jurídicamente más significativo- por la Comisión, no satisfizo en absoluto las posiciones españolas, aunque tuvo la virtud de dejar muchos cabos sueltos, que precisamente mediante el presente asunto ha sido posible retomar y reformular de manera mucho más precisa. En efecto, tres factores desencadenaron el presente asunto:

1.º) la inaplicación de las consecuencias jurídicas de la sentencia por parte de la administración española;

2.º) la consciente pasividad de la Comisión (recordemos, sin embargo, que la apertura de un procedimiento de infracción es, en último término, discrecional), que mantenía abierto el debate entre sus servicios directamente implicados; y, sobre todo, como fuente a su vez de las dos situaciones anteriores,

3.º) la evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia a partir de la lectura más común de su interpretación de la naturaleza de las indicaciones de origen geográfico como claramente protegibles en su calidad de derechos de propiedad industrial y comercial, fundamentándolas en la adquisición y mantenimiento de una reputación, dada en su sentencia Exportur, asunto C-3/91, de 10 de noviembre de 1992.

Ante tal situación cundió la alarma en la administración belga que, defendiendo sus intereses, planteó un hasta cierto punto insólito recurso de incumplimiento contra otro Estado miembro, el Reino de España.

De hecho, las dos realidades antes señaladas volvían a formularse en el presente asunto como los dos ejes -si se quiere, uno solo- del debate: ¿pueden los países exportadores permitir que sus autoridades competentes -en el caso español, el Ministerio de Agricultura y los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Calificadas (DOC)- impongan, entre otros requisitos, la obligación, para toda utilización de la DOC concedida a un vino de calidad, de embotellado exclusivamente en las instalaciones aptas para ello de la región de producción? ¿Qué ocurrirá entonces, y cuál será su régimen jurídico, si se admite como legítimo este supuesto, con los flujos tradicionales de venta y transporte a granel para la exportación de vinos con tal Denominación de Origen? Pero la sentencia del pasado 16 de mayo respondía no sólo a ése, sino a otros retos importantes. Podríamos contabilizar al menos dos más que hacían aún más inquieta la espera de una posición del Tribunal. Por supuesto, el reto fundamental era el de índole jurídico-económica, y concretamente concernía, como ya se ha dicho, la difícil tensión entre, por un lado, el reconocimiento de un derecho de propiedad comercial (la DOC) y su función específica (veremos cómo queda en esta sentencia el trinomio especificidad, reputación, calidad), mecanismo de diferenciación de un producto en el mercado, y , por otro, sus límites, es decir: el correcto funcionamiento del mercado interior. Ahora bien, otros retos importantes se dirigían a la posible opción del Tribunal ante la disyuntiva que consistía en:

a) buscar la conciliación de su solución con su jurisprudencia específica anterior, aquélla que precisamente fundamentaba el presente recurso de Bélgica, es decir, su sentencia Delhaize: su interpretación de la medida cuestionada, la obligación de embotellado en origen en la región de la Rioja, en los «espacios» que aquélla dejaba libres o indeterminados; o

b) manifestar su voluntad de un auténtico giro jurisprudencial, desmarcándose de sus consideraciones anteriores.

Quizá era el momento: la Comisión había cambiado claramente su posición. De intervenir a favor de las posiciones belgas en el asunto anterior pasaba a ser coadyuvante de España en el presente caso, con muy detalladas y fundadas observaciones, que la constituían en catalizadora del debate. Y aquí hay que reseñar el enorme acierto estratégico tanto del Reino de España como de la Comisión en plantear sus respuestas preservando la coherencia interpretativa de la sentencia Delhaize, y buscando la determinación de los puntos dejados abiertos entonces, al hilo de una importante jurisprudencia subsiguiente, y al hilo de los nuevos datos sobre el sector vitícola y la experiencia del mismo en la década de los años noventa. Otro reto a señalar venía dado, en fin, por el posible tratamiento procesal que el Tribunal daría al presente asunto, el primero que llega a la fase propiamente contenciosa en un recurso de incumplimiento promovido por un Estado miembro, ex (antiguo) art. 170, contra otro Estado miembro. Tanto en la fase previa de observaciones, cuanto en el procedimiento escrito y en la fase oral ¿se plantearía el Tribunal de Justicia apurar de manera más rigurosa su función interpretativa, antes que ejercer sus facultades más claramente disciplinarias propias de los recursos de incumplimiento?

La construcción jurídica ofrecida por el Tribunal de Justicia: ¿un discurso comprometido?

El esquema de razonamiento seguido por el Tribunal no es particularmente innovador en cuanto al fondo, como se verá a continuación. Ahora bien, en la medida en que procede al examen de las posiciones y alegaciones sustanciales de las partes en el marco de un recurso de incumplimiento entre Estados, con la Comisión -ex art. 10 Tratado CE- de garante del interés comunitario, tenemos la sensación de que el Tribunal procede, más que a solucionar un incumplimiento, a pautar una interpretación mucho más rica y precisa en torno a los límites y las excepciones del art. (antiguo) 34 del Tratado, complementando «nutridamente» lo dicho en su sentencia Delhaize. Por otra parte, ante la disyuntiva de ofrecer una jurisprudencia de nueva planta o simplemente de precisar, apurando las brechas abiertas y las ambigüedades, su jurisprudencia anterior -extendiendo, por ejemplo, su argumentación básica desarrollada en su sentencia Exportur al sector de las denominaciones de origen de los vinos de calidad, para los que aún no había hablado plenamente- el Tribunal opta lógicamente por esta última vía, corroborando el éxito del planteamiento del Gobierno de España y de la Comisión en este asunto- .

Hay que reconocer que el pilar fundamental de la solución aportada por el Tribunal al asunto C-388/95 ha sido, junto al mantenimiento reforzado de las convincentes alegaciones españolas, el cambio de posición de la Comisión desde 1991-1992 en torno a lo que llamaremos en adelante «el requisito controvertido»: el embotellamiento obligatorio, para acogerse a la mención de DOC Rioja, en las instalaciones aptas de la región de producción. En efecto: lo que no quedó probado, a los ojos del Tribunal, en la sentencia de 1992 es ahora de nuevo alegado, motivado, contrastado y apreciado. Y no sólo en boca de la representación del Reino de España, sino en boca de quienes ostentan la gestión cotidiana de los mercados vitivinícolas en general, controlan el transporte y los exámenes técnicos del vino de calidad en particular, y se preocupan de manera creciente por conciliar el mantenimiento de los flujos del mercado en este sector con el progresivo aumento de la calidad de los vinos europeos en un mercado mundial en que compiten vinos de marca, junto a denominaciones de origen, o cepas reputadas (chilenas, sudafricanas, búlgaras...) y, cada vez más, los llamados «vinos de creación», fuera de la denominación de origen. Y la posición de la Comisión, asumiendo que la denominación de origen calificada de un vino entra dentro del ámbito de protección de los llamados derechos de propiedad industrial y comercial, consciente más que nunca de las dificultades de ejercer un control especializado y sistemático suficiente de los transportes masivos propios del vino a granel y orientada por los objetivos propios de una política de calidad, de excelencia de los vinos europeos, varió conscientemente, zanjando un duro debate interno y apostó por la búsqueda de una coherencia jurídica arriesgando, en el corto plazo, su coherencia institucional.

El iter lógico del Tribunal va a ser el iter clásico, pero el Tribunal maneja a la vez un razonamiento propio a las excepciones legales del art. 36 (y en este sentido, calificará de derecho de propiedad industrial y comercial a la denominación de origen, con su objeto y su finalidad) y la excepción de «interés general», ya que realizará al tiempo la vinculación entre tal derecho de propiedad industrial y comercial y la exigencia imperativa -que nunca menciona como tal- de una política de calidad, todo ello bajo el prisma de un aparentemente riguroso test de necesidad/proporcionalidad. En fin: o estamos en el ámbito de las excepciones legales del antiguo art. 36 del Tratado CE, o estamos «dentro» del funcionamiento interno del art. 34 del Tratado, haciendo aquí una combinación entre los aspectos «internos» al art. 36 y los que no lo son.

En cualquier caso, una vez decidido a ejercer un control material de las alegaciones contradictorias presentadas por las partes: examinará a) si la obligación de embotellar el vino en su zona de producción para poder utilizar la denominación de origen, es decir el «requisito controvertido» punto 35 de la sentencia) constituye o no una restricción a la libre circulación de mercancías (contraria al ex art. 34 del Tratado CE) (puntos 36-42); si b) estaría autorizada por la normativa comunitaria en materia de V.c.p.r.d. (puntos 43-46), o si c) estaría justificada por un objetivo de interés general que pueda prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías (puntos 47-78).

En cuanto a la apreciación de la existencia de restricción, las posiciones eran encontradas: el Reino de España insistía en que la normativa española aquí examinada difería de la considerada en el asunto Delhaize. Cayendo en cierto modo en una trampa tendida por el argumento desarrollado en el caso anterior, el Reino de España replicaba que no se trataba aquí de una prohibición de exportación del vino a granel acompañada de la autorización de la venta de vino a granel dentro de la zona de producción, sino que el único objetivo y el único efecto de la obligación de embotellamiento en origen consiste en prohibir el empleo indebido y no controlado de la DOC Rioja. El Reino de Bélgica insistía, por su parte, en que el requisito controvertido tenía como efecto una limitación cuantitativamente comprobable de las exportaciones de vino de Rioja a granel, contraria al art. 34 del Tratado CE. Y aquí el Tribunal hace una concesión -en cierto modo tramposa- a sus propios argumentos en la sentencia Delhaize, cuando comparaba la permisividad de la normativa española ante el transporte interno y la prohibición de exportación del vino a granel en aquella ocasión. Pues bien: en esta ocasión el Tribunal no matiza demasiado, contrariamente a lo que hará más tarde en la valoración de su justificación. Si hay doble régimen (se permite el transporte dentro de la región hasta las bodegas autorizadas para ello, que no son todas, permitiéndose en este caso la utilización de la denominación de origen calificada) hay trato diferenciado: «un vino transportado a granel en la zona mantiene su derecho a la denominación de origen calificada cuando se embotella en bodegas autorizadas» (punto 40); por tanto, el requisito controvertido constituye una «medida nacional que tiene por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación por lo que respecta al vino que pueda llevar la denominación de origen calificada, y entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio exterior, y establecer una diferencia de trato de exportación, en el sentido del art. 34 del Tratado CE, constituyendo en consecuencia una restricción (punto 41 de la sentencia).

¿Podemos llamar «transporte» de vino a granel la expedición desde la bodega de origen, en una región geográficamente reducida como La Rioja, hasta la bodega apta para su embotellamiento? ¿Obligaremos a todo productor a embotellar en sus instalaciones, que deberán ser aptas para ello? ¿No es esta consideración, en cierta medida, irracional para suponer una punto de partida de una sentencia de este alcance? El Tribunal podía haber tomado en consideración otros datos no tan virtuales ni doctrinales: por ejemplo, que la exportación del vino a granel suponía solamente, en 1988, según las autoridades de la región, un 5% del flujo total de exportación del vino con DOC Rioja; o simplemente el hecho de que únicamente se limitaba el uso de la DOC Rioja, y por tanto la utilización de su reputación, pero no el flujo de exportación a granel, que podía seguir existiendo como existe en el flujo interior para todos los vinos embotellados en bodegas no aptas según el Consejo Regulador, que tampoco pueden utilizar, aunque estén embotellados en la región, tal DOC, o, considerando todos estos elementos, construir una noción de restricción más económicamente perfilada, considerando la inversión en calidad como potencial aumento de unas futuras exportaciones.

En cuanto a la posible autorización de una medida como la controvertida en la normativa comunitaria, antes hemos señalado que el art. 18 del Reglamento 823/87 autorizaba a los Estados miembros a dictar, teniendo en cuenta los usos leales y tradicionales, normas nacionales de producción o circulación más estrictas dentro de su territorio, en relación a los V.c.p.r.d. Esta postura es alegada por el Gobierno español, con el apoyo de los Estados coadyuvantes. Por su parte, el Gobierno belga destaca que ya desestimó el Tribunal esta interpretación en su anterior sentencia, al tiempo que afirma que el requisito controvertido es contrario, en esa misma disposición, al «uso leal y tradicional» de embotellado en los Estados miembros importadores, que deberá en cualquier caso -siempre según el art. 18 del Reglamento 823/87- ser «tenido en cuenta» (puntos 43-45 de la sentencia). El Tribunal mantiene lo dicho en el punto 26 de la sentencia Delhaize, interpretando que no debe considerarse el art. 18 del Reglamento 823/87 en el sentido de que autoriza a los Estados miembros a imponer requisitos contrarios a la libre circulación: esta disposición no servirá de base interpretativa por sí sola, haciendo una interpretación restrictiva, negando tal autorización. Interpretación negativa que aplica también, aunque de manera algo más precisa, a la alegación del Gobierno belga antes mencionada: según esta última la mención «teniendo en cuenta» carece del sentido, más restrictivo, de una expresión con connotaciones de exigencia positiva como «siempre y cuando exista», o de una expresión con connotaciones de prohibición como «sin menoscabo de»; implicando, en ese contexto -donde coexisten simultáneamente un uso de embotellado en la zona de producción y un uso de exportación de vino a granel- una simple toma en consideración de tales usos, que puede dar lugar a una ponderación de los intereses en juego, tras la cual puede darse preferencia a uno de los usos sobre el otro, habida cuenta de determinados objetivos (punto 46 de la sentencia).

Siendo restrictiva la normativa española, no quedando autorizada una medida semejante por la normativa sectorial aplicable, en particular por el Reglamento 823/87 del Consejo sobre V.c.p.r.d., ¿puede justificarse, en el caso del uso de la DOC Rioja, tal imposición, el llamado requisito controvertido? Por supuesto, dado el esquema de la sentencia, tras la decisión política adoptada por el Tribunal de:

a) mantener un concepto de restricción amplio;

b) mantener una visión estricta en cuanto al margen de maniobra de los Estados según la normativa sectorial, es ésta la argumentación mejor perfilada de la decisión. En efecto, tras precisar las posiciones de las partes en sus alegaciones, el Tribunal «se moja» y hace avanzar su jurisprudencia en esa zona relativamente virgen (a pesar de tantos asuntos y trasuntos alcohólicos en los que ya había fallado...) de la calificación jurídica de las denominaciones de origen de los vinos y de sus consecuencias.

¿Cuándo concluye el proceso de elaboración de un vino? ¿Constituye el embotellado parte integrante del proceso de elaboración -de fabricación- de un vino? A los ojos del Gobierno español, la respuesta debe ser positiva: constituye una etapa de la elaboración del producto, de forma que sólo puede considerarse verdaderamente originario de la zona un vino embotellado en ella. Un vino, por lo tanto, embotellado fuera de la zona que llevara la DOC Rioja infringiría el derecho exclusivo de utilizar dicha denominación, que pertenece a la colectividad de los productores de la zona cuyo vino reúne los requisitos para acogerse a ella, incluido el del embotellado en la zona. Así, los efectos restrictivos del requisito controvertido se justifican por razones relativas a la protección de la propiedad industrial y comercial contemplada en el art. 36 del Tratado, siendo necesario el requisito para garantizar que la denominación de origen calificada cumpla su función específica que es, en particular, garantizar el origen del producto. Ante este posición sólidamente presentada, el Tribunal se desmarca parcialmente orientando su reflexión, más que al dato de si el embotellado pertenece o no al proceso de elaboración del vino -es decir: más que reflexionar sobre el alcance del derecho de propiedad industrial y comercial- hacia el razonamiento justificativo y al principio de proporcionalidad: ¿por qué debe efectuarse el embotellado en la zona de producción?

En efecto, todas las partes y los gobiernos coadyuvantes, así como la Comisión alegaban, a diferentes fines, que no se había probado tal necesidad, recordando que:

a) bien el Tribunal ya había manifestado en su sentencia Delhaize que no se había demostrado la necesidad de tal requisito controvertido, o bien interpretando

b) que el Tribunal dejaba una puerta abierta a una nueva prueba.

Aquí es donde el Tribunal encuentra una salida airosa, cambiando de rumbo, pero preservando una cierta coherencia con su jurisprudencia Delhaize, apreciando el cambio -esta vez radical- de rumbo de la Comisión. En efecto, a partir del punto 52 de la sentencia, donde se dice, desmarcándose de las alegaciones del Gobierno belga cuando recordaba literalmente los fundamentos 19, 21 y 23 de la sentencia de 1992: «no obstante, en el presente procedimiento, los gobiernos español, italiano y portugués, así como la Comisión, han presentado nuevos elementos destinados a demostrar que los motivos en los que se basa el requisito controvertido pueden justificarlo. Procede efectuar un examen del asunto a la luz de nuevos elementos».

 Oídas las partes y la Comisión, la sentencia arranca aquí el examen de los «nuevos elementos» presentados, que van a cumplir el cometido de llenar las lagunas jurisprudenciales sobre no sólo la calificación de las denominaciones de origen como derechos de propiedad industrial o comercial, sino sobre las consecuencias que cabe extraer de ellos para el ámbito de la libre circulación intracomunitaria de los vinos de calidad. A este examen dedica el Tribunal tres sabrosas páginas de su sentencia, los puntos 53 a 78. El esquema de razonamiento es, básicamente, el siguiente:

a) Cabe constatar, más que nunca, la tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de la PAC, con objeto de favorecer la reputación de dichos productos, en particular mediante las DO que son objeto de una protección especial (punto 53): con estas palabras se advierte ya la construcción jurisprudencial de la justificación, en este caso, de la restricción que supone, según el Tribunal, el embotellamiento en origen. Esta construcción va, por un lado, a enmarcar tal justificación en la lucha por la calidad de los productos agrícolas comunitarios, diferenciando positivamente la necesidad de cualificación de los vinos de calidad, puesto que, como recuerda, quedan excluidos del famoso Reglamento 2081/92, de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios, cuyas normas existentes están destinadas a proporcionar un mayor nivel de protección. Y, por otro, va a establecer un vínculo mucho más directo y estrecho, en este sector, entre «política de calidad» y «reputación», como veremos. Recordaremos que, tras la sentencia Delhaize, aunque tímidamente se partía de su pertenencia a los derechos de propiedad industrial y comercial, la denominación de origen parecía únicamente vincularse a la especificidad y autenticidad de un vino; es decir, se vinculaba más a sus aspectos relativos a la procedencia auténtica de un vino, con sus características, que a la protección que debía tener como consecuencia, o incluso a la articulación de la titularidad de tal protección, tema virgen en Derecho comunitario hasta esta sentencia. En efecto, la sentencia Exportur introducía ese elemento fundamental, la reputación entre consumidores otorgándole un papel esencial en el terreno de la protección de las indicaciones geográficas, pero hay que recordar que esta jurisprudencia encontró muchas resistencias en ciertos sectores, dada su especificidad (se enmarcaba en el Convenio hispano francés firmado en Madrid el 27 de junio de 1973 sobre protección de denominaciones de origen, indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos) y el producto no vitícola de referencia: el turrón de Xixona. Gracias al recurso del Reino de Bélgica esta construcción ha sido claramente admitida, con mayor fuerza y precisión si cabe, para los vinos. En primer lugar, mediante afirmaciones contundentes, va a definir el objeto del derecho de propiedad industrial y comercial (la protección de los titulares frente a posibles abusos) y cuál es la finalidad de la denominación de origen (garantizar la procedencia y la especificidad de un vino), para, a continuación, analizar la medida restrictiva, el embotellado en origen, y vinculándolo al objeto, justificarlo si supera el test de la necesidad-proporcionalidad.

b) Advertidos ya del camino a seguir, el Tribunal pasa a sus grandes afirmaciones y a sus matices mucho más precisos. Afirma, con toda contundencia, en el punto 54 que la denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial, añadiéndose que la normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva (de las mismas) por terceros que deseen aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido. Más tarde, en el punto 75 de la sentencia, el Tribunal precisará mejor, al justificar el requisito de embotellamiento en origen, el importante problema de la articulación de la titularidad de una denominación de origen, diciendo que es beneficiaria la colectividad de productores afectados, beneficiarios al tiempo de una medida que les afecta y que reviste para ellos una importancia decisiva .

c) ¿Cómo se vincula la especificidad propia de una denominación de origen, al factor reputación, a la política de calidad y, en suma, se puede justificar una medida obligatoria como el embotellamiento en la región de origen? Veamos: primero el Tribunal recuerda las fórmulas empleadas en sus sentencias Delhaize (punto 54) y Exportur (punto 55):

«Su finalidad (de las denominaciones de origen) es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares...  Estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela».

A partir de aquí, el Tribunal avanza y crea una vinculación:

La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la reputación de un producto. Debe señalarse que el vino de calidad es un producto caracterizado por una gran especificidad... sus cualidades y características particulares, que resultan de la conjunción de una serie de factores naturales y humanos, están vinculados a su zona geográfica de origen y su mantenimiento requiere vigilancia y esfuerzos (33) . La normativa de la DOC Rioja tiene por objeto garantizar mantenimiento de estas cualidades y características. Al garantizar a los operadores del sector vitivinícola de la zona de Rioja, a petición de los cuales se reconoció la denominación de origen, también la control del embotellado, su objeto es proteger mejor la calidad del producto y, en consecuencia, la reputación de la denominación, cuya responsabilidad asumen en la actualidad plena y colectivamente dichos operadores.

Una vez establecido el vínculo debe verse si existe tratamiento discriminatorio, realizándose un juicio de proporcionalidad de las medidas adoptadas por las autoridades españolas. El análisis se hace en paralelo: por un lado, el régimen aplicable al transporte a granel en la región de producción, y por otro al transporte a granel para exportación ¿Es el embotellamiento en origen una medida adecuada al objetivo perseguido la preservación, en este caso, de la reputación de que goza el vino con DOC Rioja, y no existe alternativa menos restrictiva para ello? El Tribunal examina aquí, a partir del punto 60 de su sentencia, las alegaciones de las partes para decidir si, por un lado, el transporte a granel del vino de calidad (para exportación, en relación al interior de la región) afecta a sus características, con lo que afectaría a su imagen, a su reputación, al modo en consecuencia de atraerse una clientela (y de mantenerla, que es aquí lo importante), y por tanto al objetivo de calidad y excelencia del vino con DOC. Dando por hecho que no se discute que el embotellado es una operación importante, que si no se efectúa respetando exigencias rigurosas puede menoscabar gravemente la calidad del vino, comportando operaciones técnicamente complejas, con intervenciones enológicas (filtración, clarificación, tratamiento en frío, etc.) , vinculará el manejo de tales técnicas a las reglas profesionales específicas, pudiendo en otro caso poner en peligro tal manejo la calidad del vino y modificar sus características; y ello aún más si no se realiza en condiciones óptimas, so pena de un riesgo de oxidorreducción, la sentencia se orienta aquí a sopesar las alegaciones de una y otra parte en torno a este punto. Para el Gobierno belga y sus coadyuvantes, sin negar estos riesgos, afirmarán que existirá siempre, con independencia de si el embotellado se realiza dentro o fuera de la zona de producción, y defienden que también en el embotellado fuera de la zona de producción pueden darse unas condiciones óptimas de embotellamiento, que permitan proteger su calidad y su reputación, alegando en último lugar que la normativa comunitaria existente contiene ya normas suficientes relativas a controles de la calidad y de la autenticidad del vino a tal fin.

Aquí el Tribunal realiza un requiebro: ¿cuáles son esas condiciones óptimas? Difícil respuesta. Y abona una construcción, cuando menos discutible, para propiciar una solución: puesto que no se halla él mismo capacitado para diferenciar unas y otras «condiciones óptimas de embotellado», tras reconocer que también pueden ser obtenidas fuera de la zona de producción, encuentra la respuesta allanando el camino para alcanzarlas, al decir que las condiciones óptimas se alcanzarán con mayor seguridad si tales operaciones las realizan bodegas establecidas en la zona de los beneficiarios de la denominación y que operan bajo el control de estos últimos, puesto que cuentan con una experiencia especializada y, más aún, con un conocimiento profundo de las características específicas del vino de que se trata que no deben ser desnaturalizadas ni deben perderse en el momento del embotellado. La sentencia opta, en un aparentemente puro juicio cuantitativo, por considerar más adecuado a la preservación de la calidad del vino el embotellado en origen incluso a pesar de haber sido el vino transportado a granel de una bodega a otra de la región de origen, a fin de realizarse controladamente en una instalación apta para ello, exigiéndose un tratamiento riguroso que el embotellado en destino. Este «simple» juicio cuantitativo ¿puede ser considerado jurídicamente convincente? ¿Es, en realidad, puramente cuantitativo? Y si no lo es ¿por qué tal apariencia? ¿No se estará extendiendo un criterio cualitativo, la especificidad del vino, objeto de la garantía en que consiste una denominación de origen, a la especificidad de sus operadores en el embotellado algo absolutamente lógico y normal excelentes conocedores profesionales; y se estará «travistiendo» en criterio cuantitativo mucho más peligroso, si depende de un quantum al valorar el Tribunal que se alcanzarán tales condiciones óptimas con mayor seguridad y, por tanto, en el caso inverso con menor seguridad, mediante el requisito controvertido?

¿Quid, además, de la eficacia de los controles comunitarios sobre la calidad y la autenticidad del vino? Este es un punto en el que el A. G. Saggio insistió (puntos 28-31 de sus Conclusiones): aquí el Tribunal vuelve a comparar los controles transnacionales, basados en la aplicación de la normativa comunitaria, y los rigurosísimos controles analíticos y organolépticos internos realizados en la región de origen. Los controles efectuados fuera de la zona de producción conforme a las normas comunitarias proporcionan menos garantías para la calidad y la autenticidad del vino que los efectuados en la zona, respetando el procedimiento de control nacional de la zona de producción: en efecto, aquéllos no son sistemáticos, y son mayoritariamente documentales. No son sistemáticos, porque el Reglamento 2048/89 sobre controles, en su art. 3,2 establece que se realizarán, bien sistemáticamente, bien mediante muestreo, no garantizando (la Comisión insistió en este dato fundamental) ni el origen, ni el estado ni la calidad originales del vino transportado a granel, sino sólo su autenticidad (es, documentalmente, el mismo que fue expedido). Por su parte, el Reglamento 2392/89 prevé un sistema más o menos articulado de colaboración de autoridades de distintos Estados miembros: así, la instancia competente de un Estado miembro podrá pedir a la instancia competente de otro Estado miembro que exija a un embotellador la prueba de la exactitud de las menciones utilizadas para la designación o presentación de un vino: naturaleza, identidad, calidad, composición, origen o procedencia del producto. Sin embargo, es un sistema a instancia de parte, con lo cual le parece, lógicamente, insuficiente al Tribunal, sobre todo frente a las reglas previstas para el vino embotellado dentro de la región de producción, donde los controles son exhaustivos, consistiendo en exámenes organolépticos y analírticos y son controles partida por partida realizados por personal especializado. Y, además, donde las expediciones de vino a granel deben ser autorizadas por el Consejo Regulador, y realizadas en bodegas embotelladoras autorizadas y separadas, tanto expedición como almacenamiento, de aquellas partidas de vino de la región sin derecho a denominación.

De todo ello, concluye el Tribunal en su punto 73: así pues, resulta que, para los vinos de Rioja transportados y embotellados en la zona de producción los controles son profundos y sistemáticos, son responsabilidad de la colectividad de los propios productores, que tienen un interés primordial en la conservación de la reputación adquirida, y sólo los lotes que hayan sido sometidos a tales controles pueden llevar la denominación de origen calificada, llegando a adimitir a continuación (punto 75) que el requisito controvertido, que tiene como objetivo proteger la gran reputación del vino de Rioja mediante un reforzamiento del control de sus características particulares y de su calidad, está justificado por ser una medida que protege la denominación de origen calificada de la que es beneficiaria la colectividad de productores afectados y que para éstos reviste una importancia decisiva.

¿Existirán medidas alternativas menos restrictivas, juicio último de la necesidad precisamente de esta medida? Por supuesto, el Tribunal examina si la simple información de los consumidores, mediante un etiquetado adecuado, de que el embotellado se ha producido fuera de la región de origen es una medida alternativa: y la respuesta es doblemente negativa. En ese supuesto no quedaría protegida la denominación de forma comparable, porque el problema es el deterioro de la calidad de un vino embotellado en destino, que afectaría negativamente la reputación de todos los vinos bajo esa DOC, y no sólo a tales partidas, haciéndose incompatible con el uso de tal denominación; y, en segundo lugar, porque de manera más general la mera coexistencia de dos procesos de embotellado diferentes, dentro o fuera de la zona de producción, con o sin el control sistemático efectuado por dicha colectividad, podría reducir el crédito de confianza de que goza la denominación entre los consumidores convencidos de que todas las etapas de producción de un V.c.p.r.d reputado deben efectuarse bajo el control y la responsabilidad de la colectividad beneficiaria de la denominación. Posiblemente el mejor fundamento de Derecho, el más completo, de toda la sentencia.

    • Cargando...
    • Cargando...
    • Cargando...