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Penas de prisión para los productores de Vino que utilicen el sello de una Denominación de Origen de forma ilícita.

Se establecen penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, para «quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas».

Legislación del Vino | 2014-12-03 18:20:59


Las diversas Indicaciones Geográficas constituyen el sistema utilizado en nuestro país para el reconocimiento de las características especiales de un producto, con base en el medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano.

En este sentido se reconoce la importancia económica y social del uso de indicaciones geográficas identificativas de determinados productos en el marco de una política de calidad del sector agroalimentario.

La Unión Europea dispone de tres sellos de calidad que responden a sendos sistemas de identificación con el objetivo de valorar y proteger la calidad alimentaria.

Estos son:

a) la Denominación de Origen Protegida,

b) la Indicación Geográfica Protegida y, finalmente

c) la Especialidad Tradicional Garantizada.

Pues bien, además de la tutela jurídica ofrecida por otros sectores del Ordenamiento Jurídico como el Reglamento CE 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, la Ley de la Viña y el Vino, la Ley General de Publicidad o la Ley de Protección del Consumidor, la regulación penal establece un nivel suplementario de protección legal para estos específicos signos distintivos.

Dentro del grupo de delitos contra la propiedad industrial, desde la aprobación del Código penal de 1995, figura como hecho punible propio la utilización no autorizada de denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

De probarse la realización de estas conductas el art. 275 conmina el hecho con unas penas de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, para «quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esa protección».

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